heise.de, TELEPOLIS: Spanien will Puigdemont und Gabriel in der Schweiz verhaften lassen

Spanien will Puigdemont und Gabriel in der Schweiz verhaften lassen

 Obwohl die Eidgenossen das längst abgelehnt haben, fordert die spanische Staatsanwaltschaft ein Vorgehen über Interpol und zieht Repressionsschrauben weiter an



España quiere detener a Puigdemont y a Anna Gabriel en Suiza.

Aunque Suiza lo rechazó hace unos días, la fiscalía española exige que se actúe a través de Interpol y sigue apretando las tuercas de la represión.

Per Ralf Streck

 

18 de marzo de 2018

Aunque Suiza lo rechazó hace unos días, la fiscalía española exige que se actúe a través de Interpol y sigue apretando las tuercas de la represión. La fiscalía española, que depende directamente del gobierno, no entiende que los países europeos se nieguen a ser un simple brazo ejecutor de la represión española. Madrid actúa de otro modo: el escritor Dogan Akhanli y el periodista Hamza Yalçin – ambos turcoalemanes – fueron detenidos en base a una orden de detención de Interpol y se mostraba dispuesto a extraditarlos a pesar de que habían sido víctimas de torturas por parte del régimen turco.

Esto es lo que Madrid quiere conseguir en el caso de Carles Puigdemont. El ministerio exige que el juez competente, Pablo Llarena, tome las medidas pertinentes para que Puigdemont sea detenido cuando viaje a Ginebra para asistir a un debate de la ONU sobre los derechos humanos en Catalunya. El Presidente catalán (depuesto por el gobierno español) asistirá este domingo al Festival de Cine sobre Derechos Humanos que se celebrará en Ginebra.

Carles Puigdemont puede aportar mucho a este tema; fue depuesto de su cargo y obligado a exiliarse debido a una interpretación “elástica” de la ley que nunca antes había sido utilizada. De lo contrario, al igual que otros miembros de su gobierno y activistas políticos, habría acabado en la cárcel con cargos tan grotescos como “rebelión” y “sedición”, tal como han denunciado numerosos juristas en toda España.

Juristas españoles critican duramente la actuación judicial

Prestigiosos juristas españoles han denunciado que los derechos civiles y políticos de Carles Puigdemont – y también los del candidato alternativo Jordi Sánchez – han sido vulnerados.

A pesar de que tenía derecho a ello, Carles Puigdemont, no pudo ser reelegido como Presidente de Catalunya después que los partidos independentistas volvieran a ganar una elecciones que fueron forzadas y ordenadas por el gobierno de Madrid. Posteriormente se impidió la elección de Jordi Sánchez, que había sido propuesto como candidato alternativo el pasado lunes.

El viernes, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo de Madrid también desestimó el recurso impuesto por Jordi Sánchez contra la decisión del juez Llarena. Llarena no permite que él y otros cargos electos ocupen su escaño en el Parlamento catalán, distorsionando el resultado de unas elecciones democráticas y vulnerando totalmente la autonomía de la cámara legislativa catalana.

Para prestigiosos constitucionalistas como Javier Pérez Royo, se trata de una “ignorancia inexcusable”. El juez Llarena y sus colegas pervierten la ley para dictar decisiones injustas y recomienda al Presidente del Parlamento que emprenda las acciones legales pertinentes para que las decisiones judiciales sean declaradas “nulas y sin efecto”.

Puesto que Jordi Sánchez está “solamente” acusado de sedición, pero no de rebelión (delito que requiere “acción armada”) se supone que será considerado “presunto coautor” del delito más grave tipificado en el código penal español.

Aunque nunca se han producido incidentes violentos, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo se adhiere a las acusaciones formuladas por Llarena, las mismas que impidieron que el ex vicepresidente Oriol Junqueras (en estos momentos en prisión) asistiera a las sesiones del Parlamento catalán.

Vulneraciones de la libertad de expresión y manifestación.

La Sala de Recursos “utiliza su imaginación”, para inventar posibles enfrentamientos durante las protestas que pudieran producirse, concretamente “posibles disturbios que pudieran afectar en su momento la coexistencia pacífica”

A partir de esta razonamiento desaparece el derecho a manifestarse! Siempre existe la posibilidad de que se cumpla esta predicción. Un hecho especialmente absurdo, porque incluso a supuestos miembros de la organización terrorista ETA se les permitió participar a las sesiones del Parlamento. En el País Vasco se producían graves enfrentamientos, ETA estaba activa y, sin embargo, los presos podían gozar de este derecho.

Cada vez queda más claro que la libertad de expresión y manifestación no deberían existir en España. Tal como ocurrió en los tiempos de “Franco por la gracia de Dios” es un problema que afecta a los españoles desde hace mucho tiempo. Estrasburgo ya tiene noticia de ello.

Violencia policial

En Murcia, el viernes se decretó una especie de estado de emergencia (nivel de alerta terrorista) Allí, muchos ciudadanos protestan masivamente desde hace seis meses para impedir que su ciudad sea dividida por un muro. Exigen el prometido soterramiento de la línea ferroviaria. En estos momentos, policías enmascarados y fuertemente armados han tomado el control de las calles.

Para protestar contra la violencia policial, que allí también existe, un buen número de catalanes viajarán el dia 7 de abril hasta Murcia para manifestar su apoyo a la protesta. En el referéndum del 1 de Octubre, los catalanes aprendieron muy bien que España está llevando a cabo acciones brutales mediante “operaciones militares” contra los ciudadanos que exigen respeto e implementación de las libertades democráticas.

Las vulneraciones de derechos fundamentales se han puesto de manifiesto desde hace tiempo en duros procesos judiciales contra raperos y usuarios de Twitter. En la España postfascista, los jueces que deberían protegerlos se manifiestan abiertamente a favor de la limitación de derechos.

Cuando la sede del Gobierno catalán y la de la organización cultural “Omnium Cultural”, fueron registradas el jueves en busca de documentación que les implicase en el referéndum de independencia del 1 de Octubre, el juez que ordenó la operación, advirtió a Omnium que serían acusados de rebelión si movilizaban a sus partidarios para protestar contra esta acción de la Guardia Civil. Podían ser castigados con penas de hasta 30 años de prisión.

Los intentos de España de detener a Puigdemont y Gabriel

Carles Puigdemont y Anna Gabriel, que se reunirán en Ginebra, tienen mucho que decir sobre la vulneración de los derechos humanos. Este es uno de sus principales objetivos. Por ello la activista de la izquierda radical se ha trasladado a Ginebra.

En declaraciones a Telépolis (Ver: El Estado español me persigue por mi actividad política) Gabriel dejó clara que huyó a Ginebra a causa de la persecución política que sufre y el temor a la violencia de la extrema derecha española. Su objetivo es dar a conocer las violaciones de los derechos humanos a la opinión pública internacional.

Es evidente que los intentos de España de detener a Puigdemont y Gabriel en Suiza tendrán el mismo efecto que todos los intentos anteriores. En Bélgica, Llarena tuvo que retirar la orden de detención europea antes que un poder judicial independiente la rechazara a causa de las absurdas acusaciones. Ni siquiera lo intentó en Dinamarca cuando Carles Puigdemont viajó hasta este país.

Suiza tiene un punto de vista diferente

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (EDA) ha anunciado al gobierno español que toma nota de “los viajes privados a Suiza” y de “las apariciones públicas en diversos lugares” de Carles Puigdemont.

El EDA recuerda que su “Estatuto de residencia” está regulado por “la legislación suiza y el Acuerdo sobre la libre circulación de personas” y que Carles Puigdemont puede circular libremente en el espacio Schengen “como ciudadano español”. “También es libre de hacer discursos políticos siempre y cuando cumpla con las disposiciones de la ley suiza”.

Trauït per Xavier F. Domènech

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