Blickpunkt Katalonien: Warum das katalanische Unabhängigkeitsreferendum legal war, von Prof. Axel Schönberger

Warum das katalanische Unabhängigkeitsreferendum legal war

Das katalanische Referendum vom 1. Oktober 2017 war nicht illegal — der Versuch, es zu verhindern, war illegitim

 



Por qué el referéndum catalán por la independencia no fue ilegal

El referéndum catalán del 1 de octubre 2017 no fue ilegal: el intento de impedirlo fue ilegítimo

Por Prof. Dr. Axel Schönberger

 

Que el gobierno español y la justicia española desde hace años nieguen a los catalanes el derecho de hacer un referéndum sobre la pregunta si Cataluña debe convertirse en una república independiente, no es compatible con el derecho español, y es ya de por sí una grave vulneración de los derechos humanos.

El argumento de que la ejecución de un referéndum de este tipo estaría en contradicción con la Constitución española y que por ello hacerlo sin antes cambiar la Constitución española sería ilegal, es falso. Lo que es ilegítimo es que España impida tal referéndum.

Los derechos humanos son universales e indivisibles. No son concedidos por un estado, sino que son derechos irrevocables e inalienables de las personas y de los pueblos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, conocida por el público, aprobada en la Asamblea General de la ONU en 1948, no es en sí vinculante. Una validez legal de los derechos humanos —apta para ser reclamada ante los tribunales— se consiguió en 1966 con dos pactos internacionales acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, y que entraron en vigor en 1976, después de que lo hubiera ratificado una cantidad suficiente de estados miembros de la ONU. Se trata de los pactos internacionales siguientes, que para todos los países que hayan ratificado son derecho vinculante y obligado (ius cogens), que está por encima de cada legislación nacional y rompe esta última —incluso la Constitución de un país— en caso de contradicción, a no ser que en el momento de la firma del pacto se haya expresado una reserva adecuada.

– Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos (ICCPR).

– Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR).

Ambos son tratados multilaterales internacionales.

Ambos pactos de derechos humanos fueron firmados sin reservas por España.

El pacto civil ICCPR, ratificado por más de 160 estados, fue ratificado por España el 27 de abril de 1977, la República Federal de Alemania ya lo había hecho el 17 de diciembre de 1973. A diferencia de la República Federal de Alemania, España cuando lo ratificó no expresó ningún tipo de reserva o de limitación.

El pacto social ICESCR, ratificado también por más de 160 estados, fue ratificado por España el 27 de abril de 1977, y por Alemania el 23 de diciembre de 1973. Ni España ni Alemania expresaron ningún tipo de reserva o de limitación cuando lo ratificaron.

Hasta ahora son estos dos pactos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas los únicos tratados internacionales de validez mundial que definen los derechos humanos fundamentales, que son obligatorios para todos los estados firmantes y que están por encima de los derechos nacionales respectivos. Quien hable, cuando sea, de derechos humanos y de hacerlos valer o de su vulneración, se refiere en primer lugar a estos dos pactos internacionales de derechos humanos de la ONU, como fuente tanto del derecho internacional, como del derecho nacional de los estados firmantes.

Ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos son claramente parte integrante del ordenamiento jurídico español

España no sólo se ha sometido completamente y sin condiciones a los dos pactos internacionales de derechos humanos de la ONU, sino que además ha fijado en su Constitución que los derechos fundamentales y las libertades que define la Constitución española deben ser interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de Derechos Humanos ratificados por España (Art. 10.2 de la Constitución Española de 1978).

Además, la Constitución española establece de manera convincente que los tratados internacionales y, por tanto, los dos pactos internacionales de Derechos Humanos de la ONU ratificados incondicionalmente por España, forman parte del Derecho español y que su contenido sólo puede ser abolido, cambiado o suspendido por los procedimientos indicados en los mismos tratados, o de conformidad con las normas generales del derecho internacional (Art. 96.1. de la Constitución Española de 1978).

El artículo 9 de la Constitución del reino de España, de 1978, tiene el siguiente contenido:

«Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»

Este artículo liga al Estado español —en primer lugar el poder legislativo al orden constitucional, y el ejecutivo y el judicial al Derecho y a las leyes— de manera obligatoria al cumplimiento estricto de los dos pactos de Derechos Humanos de la ONU, que son tanto una parte constitutiva del ordenamiento jurídico español como derecho vinculante (ius cogens) para España en el caso de que estuviera en contradicción algún artículo de la Constitución. Al igual que en la República Federal de Alemania, a través del artículo 20.3 de la Ley Fundamental alemana, se desprende que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de familiarizarse con el contenido y con las interpretaciones de las normas de los dos pactos de Derechos Humanos de la ONU incorporados al derecho nacional y antepuestos a este derecho.

Pero también los funcionarios públicos alemanes, que debido a sus cometidos comenten los hechos que en España tienen relación con los derechos humanos, están supeditados al derecho alemán y al derecho internacional en cuanto a la observancia de los derechos humanos y vulneran lo que han prometido en el juramento de su cargo si, como funcionarios del Estado alemán, aceptan evidentes vulneraciones de los derechos humanos en otro país, o los aprueban y dan incluso apoyo.

La Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)

Hay que hacer también referencia a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) cuyo cumplimiento es controlado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Según el artículo 6.3 del Tratado de la UE, el CDEH forma parte del Derecho de la Unión. La República Federal de Alemania ratificó la CEDH el 5 de diciembre de 1952 y el reino de España el 4 de octubre de 1979.

Tanto en España como en Alemania, todos los órganos estatales están obligados a la observancia de la CEDH —y en tanto que hayan entrado en vigor en los dos países, también de los protocolos adicionales— en el marco de sus atribuciones. Esto es válido tanto para los Tribunales Constitucionales y Tribunales Supremos de los dos países como para los respectivos gobiernos. En cuanto a la interpretación de los derechos humanos y de las garantías estatales deben tener siempre en cuenta tanto la observancia de la CEDH, como las sentencias correspondientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los dos pactos de Derechos Humanos de la ONU. No tienen ningún margen de maniobra para apartarse, ya que en este caso obrarían ilegalmente y contra las constituciones de sus países.

Hay que añadir que el artículo 2.1 del tratado consolidado de la Unión Europea dice lo siguiente:

«Los valores sobre los que se fundamenta la Unión son el respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho, y la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los individuos que pertenecen a minorías.»

Según el artículo 7 del Tratado Europeo son posibles sanciones contra uno de los Estados miembros, ya en el caso de que haya el peligro de una contravención grave de los derechos fundamentales de la UE, establecidos en el artículo 2.1. España también ha aceptado sin reservas esta regulación contractual.

El derecho a decidir de los catalanes

Los catalanes son un pueblo aparte, con lengua, costumbres y tradiciones propias, y por tanto una nación bien diferenciada. Como pueblo diferenciado, de acuerdo con el art. 1 de los dos pactos de Derechos Humanos de la ONU, y por lo tanto de acuerdo con el derecho español, ellos tienen — y nadie más que ellos — el derecho inalienable de autodeterminación, y a través de la jurisprudencia permanente de la ONU el right to decide que se deriva, el derecho de propia decisión.

Según los derechos internacional y español, deben poder decidir libremente sobre su estatus político y organizar en libertad su desarrollo económico, cultural y social. Este derecho no se les puede negar con la indicación de que el Estado español ya les concede una ‘autonomía’ parcial.

Según el artículo 19 del ICCPR, los catalanes tienen además el derecho humano a una ilimitada libertad de opinión. Así, el Estado español estaba y está legalmente obligado a dar a los catalanes la posibilidad de expresar, en forma de un referéndum, de qué forma el pueblo catalán quiere hacer uso en el futuro de su derecho de autodeterminación. Si no lo hace e impide tal referéndum, vulnera masivamente los derechos humanos y no actúa de manera diferente que dictaduras que sólo quieren conceder y limitar para sus ciudadanos los derechos humanos ‘a la carta’.

Con la argumentación que la Constitución española de 1978 no prevé la posibilidad de hacer un referéndum sobre una eventual independencia de una comunidad autónoma, el Tribunal Constitucional español —que al menos desde 2010 de manera claramente conflictiva y en algunos casos vulnerando los propios estatutos, tomó decisiones partidistas contra Cataluña y siguiendo los deseos del gobierno, ignorando los pactos sobre los derechos humanos e invocando artículos de la Constitución española que son subordinados a aquellos pactes— prohibió cualquier referéndum sobre la independencia de Cataluña y así declaró también el referéndum del 1 de octubre de 2017 como ilegal.

Ya esto solo puede considerarse una vulneración muy grave de los derechos humanos y es un caso para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para la ONU.

La pregunta de si el pueblo catalán, de acuerdo con la Constitución española, tiene el derecho de emitir el voto en un referéndum sobre una posible independencia del pueblo catalán se debe responder afirmativamente y sin reservas, ya que el superior derecho internacional, que está reconocido en la Constitución española como derecho obligatorio y vinculante, anula a toda disposición en contrario que se encuentre en la Constitución y en el derecho españoles.

Por eso no era ni es necesaria ninguna reforma de la Constitución española para hacer posible un referéndum catalán de este tipo, ya que una reforma de la Constitución con la participación de toda la población española como premisa para el uso del derecho de autodeterminación por parte del pueblo catalán vulneraría esencialmente el derecho humano colectivo de autodeterminación del pueblo catalán.

Este derecho solamente lo tiene el pueblo catalán, pero no la población total española, a la que no le corresponde ningún derecho de opinar en él. Por eso no se puede seguir ningún camino jurídico que prive al pueblo catalán del derecho de autodeterminación. Los derechos humanos son indivisibles e inalienables. Y cada artículo de la Constitución española debe interpretarse a la luz de los derechos humanos. No puede ser de otra manera. Si el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de España no lo hacen, poniendo algunos artículos de la Constitución española por encima de los derechos humanos, dejan de actuar dentro del margen del ordenamiento jurídico y legal del Estado español y pervierten lo que debería ser un estado de derecho.

El diálogo político, único camino viable

Una solución del problema entre España y Cataluña ni requería ni requiere cambios legislativos, sino un diálogo político. Este diálogo, desde hace años y de manera probada lo ha deseado la parte catalana y ha probado de efectuarlo, pero el gobierno central español, dirigido por el PP, se ha negado permanentemente, incluso después de las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Como consecuencia, se plantea la pregunta de la legitimidad según el derecho internacional tanto del referéndum del 1 de octubre de 2017 como de la proclamación de una república catalana independiente. Un informe redactado por cuatro acreditados expertos en Derecho internacional, en inglés y con un volumen de 161 páginas –Catalonia’s Legitimate Right to Decide: Paths to Self Determination— examina, para empezar, el desarrollo histórico desde la entrada en vigor de la Constitución española en 1978 (https://www.unige.ch/gsi/files/9115/0461/7417/EXECUTIVE_SUMMARY_Catalogne.pdf).

Los autores del informe recalcan en las notas preliminares (obra citada, pág. 10) que tanto el Tribunal Supremo de Canadá, en 1998, refiriéndose al Quebec, como el Tribunal Supremo Internacional, en 2010, refiriéndose a la declaración unilateral de independencia de Kosovo, remarcaron que conflictos de este tipo no se pueden solucionar exclusivamente con métodos jurídicos, sino que hay que encontrarles una solución política.

«Nonetheless, the political solution will have to be framed within the limits of fundamental principles structuring liberal democracies such as respect for democracy, the rule of law and fundamental human rights principally. […] the sometimes conflicting rights and principles have to be weighted against each other. »

Los cuatro expertos analizan, entre otras cosas, una serie de referéndums y declaraciones de independencia de otros países, especialmente la declaración unilateral de independencia de Kosovo, que representa un importante precedente para Cataluña, ya que desde entonces se acepta que una declaración unilateral de independencia, hecha sin violencia, no está en contradicción con el derecho internacional, sino que es permitida como aplicación del artículo 1º de los Pactos sobre los Derechos Humanos.

En este contexto, los expertos investigan detalladamente la pregunta de si el derecho internacional o el europeo impide al pueblo catalán ejercer su derecho a decidir (Right to decide) sobre su futuro político, y llegan al resultado que éste no es el caso:

«[…] EU law […] does not forbid the exercise of its right to decide for a European people within the EU. There are even numerous Treaty provisions that indicate that if such Right was to be exercised, EU and its member States would React Positively to a new European State candidacy to join the EU» (obra citada, pág. 96).

Los cuatro juristas expertos destacan incluso que sería ilegítimo interpretar la Constitución española diciendo que esta impide la celebración de un referéndum catalán sobre el tema de la independencia de Cataluña. De las diez conclusiones finales del informe citamos su aquí tres de los pasajes centrales:

«Catalan popular demand for the possibility to hold a referendum on political independence has been largely justified by the democratic ‘right to decide’, which has evolved from the more traditional and longstanding legal framework to the ‘national right to selfdetermination’ . In other words, demands for political independence have been legitimized by a democratic principle invested in the catalan people, reinforced by the repeated denial to accomodate Catalonia’s demands on the part of the Spanish government.»

«From an international law perspective, it appears clearly that there is no international legal prohibition barring a sub-state entity from deciding its political destiny by assessing the will of its people. Both case law and state practice support this conclusion.»

«If Spanish national Authorities deny the right to Catalonia to negotiate its Right to decide within the Spanish political framework, then the only path left for Catalonia’s Authorities is the call for a selfdetermination referendum.» (Obra citada, págs. 138-139).

Así, «ilegítimo» no lo era el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, sino más bien el dictamen del Tribunal Constitucional español cuando declara este referéndum como ilegal. «Ilegítima» también lo fue la intervención policial antes, durante y después del primero de octubre en Cataluña, a causa del cual y en su transcurso, entre otras cosas, se vulneraron masivamente derechos humanos esenciales.

El gobierno español —en colaboración evidente con la fiscalía y la justicia españolas— hizo detener representantes de las grandes organizaciones civiles catalanas y políticos catalanes elegidos, como presos políticos, aunque habían realizado pacíficamente su programa político y habían llevado a cabo la voluntad de sus electores. En cuanto a la colaboración gobierno-justicia, citamos que un alto funcionario del Partido Popular, Pablo Casado, declaró la intención de encarcelar miembros del gobierno catalán y lo anunció cuando no había ni siquiera una toma de posición o acusación de la fiscalía española, y posteriormente la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto electoral, atribuyó a su partido el mérito de haber «descabezado» el independentismo catalán, ya que había hecho encarcelar o huir al exilio sus dirigentes.

Además, el gobierno español ha pisoteado el derecho de autodeterminación de Cataluña, que en los últimos años ya había sido muy recortado, en tanto que —sin base legal, ni en la Constitución española ni en el derecho español— destituyó el gobierno catalán, disolvió el Parlamento catalán y, sin tener atribuciones para hacerlo, convocó nuevas elecciones en Cataluña.

La responsabilidad va más allá del Estado español

No se podrá evitar constatar en España, por el periodo de tiempo desde al menos septiembre del 2017, una de las acumulaciones peores y más masivas de graves vulneraciones de los derechos humanos que ha habido en Europa en las últimas décadas. Quien lo acepta o lo apoya, como estadista, político o periodista, hace causa común con los que vulneran en gran estilo los derechos humanos. El juramento que hacen, entre otros, la canciller y los ministros del gobierno federal alemán, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley Fundamental de Alemania, cuando toman posesión de su cargo, los obliga a respetar y defender las leyes federales, y esto significa también el respeto de los derechos humanos no sólo en Alemania, sino también en el marco internacional, y muy especialmente en el de la Unión Europea.

Quien, como miembro del gobierno federal alemán, consiente y apoya las graves y masivas vulneraciones de los derechos humanos que España practica en Cataluña y contra los catalanes, pierde cualquier derecho moral de ejercer un cargo público en la República Federal de Alemania.

La justicia de aquellos estados europeos, cuyos políticos actualmente justifican y dan apoyo a las vulneraciones de derechos humanos en España deberá ocuparse además con la pregunta de si posiblemente, antes del referéndum catalán, España, mediante corrupción, ha influido en políticos y políticas, otorgándoles favores de cualquier tipo —aunque sea otorgándoles premios— o prometiendo hacerlo, para conseguir de ellos o ellas una posición proespañola a pesar de todas las vulneraciones de los derechos humanos.

Que en los últimos meses y semanas tantos políticos europeos se hayan comportado como si el Estado español, por obra de su Constitución y de sus leyes, pudiera conceder, suprimir o suspender los derechos humanos, aunque no se cansan de denunciar vulneraciones de aquellos derechos —reales o presuntos— fuera de Europa, no se podrá justificar con ingenuidad o con desconocimiento de la situación legal, sino que indica una situación de intereses en contraposición a la defensa de los derechos humanos y, por tanto, los fundamentos de la Unión Europea.

A la vista de la situación legal, la proclamación de la república catalana, el 27 de octubre de 2017, fue la consecuencia de un referéndum legalmente lícito. Ni estaba ni está a la discreción del Estado español o de sus tribunales declarar su nulidad sobre la base de una interpretación ilegítima de la Constitución española, que no toma en consideración los dos pactos sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que España ratificó e incorporó en su derecho nacional.

Versión catalana a «L’Unilateral»: http://unilateral.cat/2018/02/02/perque-el-referendum-catala-per-la-independencia-no-va-ser-illegal/

 

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